El bufete australiano JPB Liberty sostiene que la prohibición de la publicidad de criptomonedas por parte de los gigantes tecnológicos en 2018 acabó con las OIC.
JPB Liberty, un bufete de abogados situado en Philip Bay, Nueva Gales del Sur, ha presentado una demanda colectiva en el Tribunal Federal de Nueva Gales del Sur. El bufete alega que Facebook y Google han tenido un comportamiento anticompetitivo al prohibir la publicidad de criptomonedas en 2018.
JPB sostiene que la prohibición, que se suavizó en 2019, asestó un duro golpe al mercado de la oferta inicial de monedas (Initial Coin Offering) y provocó graves consecuencias financieras a la industria de las criptodivisas.
El director general de JPB Liberty, Andrew Hamilton, sostuvo que estas dos empresas punteras habían actuado como un cártel cuando decidieron poner en marcha la prohibición de los anuncios de criptomonedas. Se trataba supuestamente de un movimiento estratégico y calculado que pretendía anular la posibilidad de competencia del sector blockchain.
La demanda ha logrado reunir más de 600 millones de dólares de reclamaciones por parte de la comunidad de las criptomonedas. Las inscripciones de nuevos reclamantes permanecerán abiertas hasta el 21 de agosto.
Según la página web, “cualquier persona de todo el mundo que se haya visto afectada negativamente por la prohibición de anuncios de criptomonedas a partir del 30 de enero (Facebook) y el 14 de marzo de 2018 (Google), el 25-27 de marzo (Twitter) y la prohibición por parte de Google en junio de 2018” puede inscribirse.
Además, los demandantes no necesitan desembolsar dinero para formar parte de la demanda colectiva. En la página web se indica que el bufete de abogados pagará los costes de la tramitación del caso, así como los costes jurídicos en los que incurriría la otra parte si la demanda colectiva no tiene éxito.
En caso de que la demanda sea exitosa, se pagará una parte del derecho a indemnización por daños y perjuicios del demandante a JPB Liberty y a las personas que financiaron la demanda colectiva.
El único coste de la inscripción es la renuncia para demandar por separado.
Hamilton cree que la cantidad de demandas puede crecer hasta 300 mil millones de dólares antes de la fecha límite.
El CEO también puso en duda el pretexto del gigante de la tecnología de proteger a sus consumidores contra las estafas para justificar la prohibición de los anuncios criptográficos.
“Hay estafas de suplantación de criptomonedas en todo YouTube, haciéndose pasar por el CEO de Ripple o el CEO de Binance. YouTube ha fallado en la tarea de prohibir las estafas de suplantación de identidad mientras que prohíbe las compañías legales”, argumentó.
Hamilton destacó los resultados de la investigación que indicaban una tendencia en la que la mayoría de las estafas asociadas a las criptomonedas involucran a estafadores que se hacen pasar por altos cargos en la industria de las criptodivisas. También señaló un reciente aumento de las estafas de suplantación de identidades encriptadas que han aparecido en Youtube.
